Zerbitzuan n. 36
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco 1999, 207 p.
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Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco 1999, 207 p.
Durante los últimos 20 años, los poderes públicos -centrales, autonómicos y locales- han configurado un marco legislativo y de relaciones económicas en torno al sector voluntario. De su análisis se desprende que las orientaciones de las normas al respecto difícilmente se ajustan a pautas fundadas en supuestas ideologías inspiradoras. El autor analiza asimismo las relaciones económicas directas -subvenciones y conciertos- que los poderes públicos y el sector voluntario han mantenido en estos años. Los datos nos muestran que, en el campo de los servicios sociales, las cifras de conciertos son muy modestas, en tanto que las de transferencias, es decir subvenciones, son altas: la relación económica pública con el sector voluntario es, al contrario que en la rama sanitaria, tutelar y no contractual. Para el autor, la expresión mayoritariamente estatista de las leyes del sector ha sido contradicha por una práctica política que, más que pragmática, habría que calificar de irresponsable: las comunidades autónomas han soslayado una parte de la demanda de servicios sociales a la cual prestan sólo un apoyo económico discrecional mediante subvenciones a las entidades voluntarias. Tal situación se mantiene porque los derechos a los servicios sociales no han sido regulados de modo que puedan ser exigidos y porque las entidades voluntarias dependen demasiado del apoyo económico público y no están en posición de discutir las formas del mismo
Factores socioeconómicos,Intervención social,Normativa,Políticas públicas,Voluntariado,España